CRISIS Y PERSECUCIÓN EN COSTANERA SUR: EL GOBIERNO PORTEÑO ATACA EL SUSTENTO DE LOS TRABAJADORES EN VIERNES SANTO
En una jornada marcada por la sensibilidad religiosa y una asfixiante crisis económica, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó un operativo de desalojo contra trabajadores históricos de la vía pública en la Costanera Sur. Lo que debía ser un viernes de reflexión se transformó en un escenario de resistencia cuando inspectores de Espacio Público, escoltados por efectivos de la Policía de la Ciudad, intentaron clausurar puestos que, según denuncian desde el sector, cuentan con la documentación pertinente para funcionar.
La intervención, denunciada por Oscar Coronel, secretario general del sindicato SIVEP, se caracterizó por la falta de identificación de los agentes y una preocupante falta de empatía hacia quienes intentan “ganarse el mango” en un contexto de caída libre del consumo. “Es la intolerancia y la desazón presente en un Viernes Santo”, afirmó el dirigente, describiendo una situación donde el Estado, lejos de contener, parece ensañarse con los eslabones más débiles de la cadena productiva.
Mientras la inflación devora los ingresos, la fuerza pública se convierte en el brazo ejecutor de una política que prioriza el despeje de la visual por sobre el derecho al trabajo y la subsistencia. A pesar de que los puestos son reconocidos por el propio Estado y poseen legajos en regla, el operativo culminó con el secuestro de estructuras y mercadería de algunos puestos, dejando a familias enteras sin su herramienta de trabajo en uno de los fines de semana de mayor afluencia turística.
Este nuevo atropello en la Costanera no es un hecho aislado, sino el reflejo de una gestión que parece haber perdido el termómetro social. En épocas donde el hambre no espera y el empleo formal escasea, perseguir al trabajador que habita el espacio público desde hace décadas es una decisión política que profundiza la grieta entre la administración central y la realidad de los barrios. Los trabajadores resistieron, pero la herida de un Estado que castiga la autogestión en plena crisis queda abierta.