Antes volaban satélites, ahora vuelan laburantes: renunciaron 180 técnicos de ARSAT por el abandono libertario
Trabajadores de ARSAT denunciaron un fuerte deterioro de la empresa estatal durante el gobierno del presidemente Javier Milei y advirtieron que el ajuste sobre salarios, infraestructura e inversiones amenaza el funcionamiento de una compañía estratégica para las telecomunicaciones argentinas.
Según Ezequiel McGovern, delegado de los trabajadores, alrededor de 180 empleados dejaron la empresa debido al deterioro salarial. “El 25 por ciento de los compañeros, más o menos 180, se fueron empujados por el bajo salario. Perdimos el 61 por ciento del poder adquisitivo del salario desde diciembre de 2023 a la fecha”, sostuvo.
El reclamo se produce mientras ARSAT enfrenta, según la denuncia de sus trabajadores, una importante deuda acumulada por servicios prestados a distintos organismos estatales. McGovern aseguró que “le deben a ARSAT casi 80 millones de dólares, que es casi el 70 por ciento de una facturación anual. Desde 2023 que no nos pagan”.
El impacto también alcanza a la infraestructura. Los trabajadores sostienen que existen proyectos para ampliar la capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) que permanecen frenados y advierten que la red continúa operando sin las inversiones necesarias para actualizar su capacidad tecnológica.
“Está sobreviviendo lo que es la Red Federal de Fibra Óptica. Hay muchísimos proyectos de ampliar la capacidad, subir velocidades, que están frenados porque todos los créditos internacionales los capta el Ministerio de Economía y no te los deja utilizar, así que la inversión no llega”, explicó McGovern.
ARSAT administra una red federal de fibra óptica que permite brindar capacidad mayorista a cooperativas, pequeñas empresas, pymes y proveedores locales. Desde la compañía estatal sostienen que esa infraestructura posibilita que prestadores locales lleguen a lugares donde no tienen presencia los grandes operadores privados.
El conflicto adquiere mayor dimensión frente al acuerdo firmado por el Gobierno nacional con Starlink para llevar conectividad satelital a 6.000 escuelas rurales. El convenio fue formalizado mediante la Resolución 857/2026 del ENACOM.
Starlink aportará kits y los primeros 24 meses de servicio por un valor estimado de 9,978 millones de dólares, mientras que el Estado destinará otros 11,898 millones de dólares del Fondo del Servicio Universal para instalación, gestión, asistencia técnica, monitoreo y un tercer año de conectividad. El costo total del programa asciende a casi 21,9 millones de dólares.
La estructura del acuerdo generó cuestionamientos entre especialistas. Una de las principales críticas apunta a que el Estado compromete casi 12 millones de dólares adicionales mientras una empresa estatal como ARSAT atraviesa dificultades financieras y laborales. También se puso en discusión la estructura de costos del convenio y el mecanismo elegido para implementar el programa.
Desde ARSAT cuestionan además que se recurra a Starlink para prestar servicios que la empresa estatal ya desarrolla en materia de conectividad educativa. Trabajadores de la compañía sostienen que el esquema termina desplazando infraestructura y capacidades nacionales en favor de un proveedor privado.
McGovern también cuestionó el costo que tendrá el servicio una vez finalizado el período inicial contemplado por el acuerdo y señaló que provincias y municipios deberán afrontar posteriormente el mantenimiento de la conectividad.
El debate excede así la situación salarial de los trabajadores. La discusión involucra el futuro de una empresa estatal que administra infraestructura de telecomunicaciones, satélites, fibra óptica y servicios de datos, frente a una política oficial que apuesta cada vez más por acuerdos con compañías privadas.
En ese contexto, los trabajadores de ARSAT plantean que el deterioro de la empresa no responde únicamente a un problema financiero, sino a un cambio en el rol que el Estado pretende ocupar dentro del sistema de telecomunicaciones.
“Deja esa presencia que tiene que ver con la infraestructura, pero también con la protección de los datos que ahí circulan y con el desarrollo tecnológico para el país. Mantener ese rol del Estado genera empleo e industrias vinculadas”, sostuvo Baladrón.
Mientras el Gobierno avanza con el acuerdo con Starlink, los trabajadores buscan sostener el funcionamiento de ARSAT y reclaman que la empresa vuelva a ocupar el papel estratégico que tuvo en el desarrollo de la infraestructura tecnológica nacional.
Vía Agencia Nova