Migrantes en la mira, las nuevas medidas del gobierno
El gobierno nacional ha dado un nuevo paso hacia la estigmatización de los migrantes al anunciar un proyecto de ley que busca implementar aranceles para el acceso de extranjeros no residentes a la salud y la educación universitaria. En una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la medida afirmando que busca “proteger a los argentinos” y ordenar el sistema migratorio. Sin embargo, los datos oficiales y las críticas de especialistas evidencian otra realidad.
El mito del abuso migrante y la realidad estadística
Adorni argumentó que “uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero” y que la atención médica a migrantes sobrecarga el sistema público. Sin embargo, informes oficiales como el de la Síntesis de Información Estadística Universitaria 2022-2023 desmienten estas afirmaciones: solo el 4,1% de los estudiantes universitarios son extranjeros, y casi todos poseen residencia legal.
En el ámbito sanitario, las cifras son aún más contundentes. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que las consultas de no residentes representan apenas el 0,2% y las internaciones el 0,8%. Datos similares fueron respaldados por el ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, quien destacó que la mayoría de los migrantes acuden solo por atención puntual ante problemas graves.
Recortes y falta de inversión: ¿a dónde va el dinero?
El anuncio del gobierno coincide con un contexto de profundos recortes en áreas esenciales como la salud, la educación y la obra pública. Mientras se argumenta que estas medidas “fortalecerán las finanzas del Estado”, especialistas cuestionan su impacto real. Según el decano Guillermo Durán de la UBA, el aporte económico que podría generar el cobro de aranceles a extranjeros es insignificante en comparación con el presupuesto total del sistema universitario.
Además, la insistencia del gobierno en que los migrantes deben “retribuir” al sistema plantea interrogantes. ¿Cómo puede justificarse esta medida en un país donde los propios argentinos ven reducido su acceso a servicios esenciales? Los medicamentos para jubilados han sido recortados, los comedores populares reciben menos apoyo, y las inversiones en infraestructura están paralizadas.
Una estrategia que divide
Las medidas propuestas no solo son señaladas como inconstitucionales y discriminatorias por expertos como Pablo Ceriani Cernadas, del Comité de Naciones Unidas para los Derechos de los Trabajadores Migrantes, sino que también son vistas como una estrategia populista para desviar la atención de problemas más profundos.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aportó su cuota de polémica al respaldar las “expulsiones exprés” de migrantes que cometan delitos. Aunque estas medidas ya están contempladas en la legislación actual, el gobierno busca endurecerlas, generando un clima de hostilidad que podría traducirse en más exclusión y violencia contra las comunidades migrantes.
Un debate necesario
El proyecto aún debe pasar por el Congreso, donde enfrentará resistencia. Pero más allá de su posible aprobación, plantea una pregunta crucial: en un país que recorta derechos a su propia ciudadanía y reduce las prestaciones esenciales, ¿es justo responsabilizar a los migrantes de los problemas estructurales? Y sobre todo, si no es en educación, salud o infraestructura, ¿a dónde está yendo el dinero recaudado por el Estado?
La respuesta, hasta ahora, queda envuelta en el silencio y las dudas.