Queensland aprueba polémica ley que permite penas de adultos para niños desde los 10 años
El estado australiano de Queensland ha aprobado una controvertida reforma legal que permitirá juzgar a niños de tan solo 10 años con penas equivalentes a las de adultos por delitos graves, como asesinato, agresión grave y allanamientos. Las nuevas medidas, calificadas como “delitos de adultos, tiempo de adultos”, incluyen prisión perpetua obligatoria para menores condenados por asesinato, con un período mínimo de 20 años sin posibilidad de libertad condicional.
El gobierno estatal, liderado por el Partido Nacional Liberal (LNP), defendió las leyes como una respuesta a la “indignación comunitaria” frente a la delincuencia juvenil y argumentó que las medidas actuarán como disuasivo. “Estas leyes son para todos los habitantes de Queensland que alguna vez se han sentido inseguros”, afirmó el primer ministro David Crisafulli tras la aprobación de la normativa.
Sin embargo, organizaciones internacionales, expertos en derechos humanos y estadísticas oficiales han cuestionado la eficacia y la justicia de estas reformas. La comisionada australiana para la infancia, Anne Hollonds, calificó las medidas como una “vergüenza internacional” y advirtió que “cuanto más joven es un niño que entra en contacto con el sistema judicial, más probable es que cometa delitos graves en el futuro”.
Las críticas también señalan que las nuevas disposiciones violan estándares internacionales, incluidos los derechos humanos de los niños según Naciones Unidas, y afectan desproporcionadamente a comunidades indígenas. Según la nueva normativa, los antecedentes penales completos de un niño podrán ser considerados al dictar sentencia, eliminando disposiciones previas que priorizaban alternativas al encarcelamiento, como servicio comunitario.
A pesar de los argumentos del gobierno, las cifras oficiales de la Oficina Australiana de Estadísticas muestran que la delincuencia juvenil en Queensland ha disminuido un 50 % en los últimos 14 años y se encuentra en su nivel más bajo desde 2022. Los expertos advierten que las penas más severas no reducen la reincidencia, sino que podrían agravar el problema, aumentando la población en centros de detención ya saturados.
Aunque el gobierno de Crisafulli promete invertir en nuevas instalaciones y opciones de detención a largo plazo, los detractores insisten en que las reformas no solo ignoran la evidencia científica, sino que podrían perpetuar ciclos de criminalidad y marginación en la infancia.
Por Ashminnie Moonsammy de Nation News