Polémico ascenso de la pareja de Andrés Vázquez
El Gobierno de Javier Milei a fines de octubre disolvió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y creo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En ese contexto, Andrés Vázquez asumió la titularidad de la Dirección General Impositiva (DGI), y siete días después dispuso el ascenso de su pareja, María Eugenia Fanelli.
Fanelli se desempeñaba como jefa de una sección técnico jurídica, con un salario de entre 3,8 y 4,2 millones de pesos, y pasó a ser asignada al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, con un sueldo cercano a los 8 millones de pesos. El ascenso de la abogada fue oficializado a través de la Disposición 182/2024, publicada en el Boletín Oficial (BO) el pasado 4 de noviembre.
La decisión lleva la firma en solitario de Vázquez, director de la DGI, que junto a la Dirección General de Aduanas (DGA) conforman la nueva ARCA.
La noticia y los montos salariales se conocieron tras una investigación del periodista Hugo Alconada Mon para La Nación, quien contactó a distintas fuentes diferentes del organismo.
El salto de escalafón de Fanelli no habría sido apoyada por la entonces titular de la ex AFIP, Florencia Misrahi, que hace un mes fue removida de su cargo por Juan Alberto Pazo, luego de que se conociera la imposición de un impuesto a influencers y streamers.
La designación de Fanelli fue catalogada como “inusual” y “anormal” dentro del organismo. La decisión administrativa podría enmarcarse en un caso de “incompatibilidad manifiesta”.
Enriquecimiento ilícito.
El 19 de diciembre pasado, Vázquez fue denunciado por diputados de la Coalición Cívica por los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos en su Declaración Jurada Patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Según la presentación firmada por los legisladores Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Mónica Frade, el actual titular de la DGI habría comprado tres departamentos en Estados Unidos, entre 2013 y 2015, valuados en más de U$S 2 millones a través de una sociedad off shore. Sin embargo, no los declaró en su patrimonio, acorde a la Ley de Ética Pública.
Noticia vía La Arena