Mali, Níger y Burkina Faso anuncian su retirada de la Corte Penal Internacional
Los gobiernos de Mali, Níger y Burkina Faso anunciaron de manera conjunta su decisión de retirarse del Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI). La medida, que deberá formalizarse ante Naciones Unidas y entrará en vigor dentro de un año, marca un nuevo capítulo en la redefinición del rumbo político y judicial de estos países del Sahel.
En un comunicado difundido el lunes, las autoridades militares de los tres Estados sostuvieron que la CPI se ha convertido en un “instrumento de represión neocolonial” y señalaron la “justicia selectiva” con la que el tribunal ha abordado las denuncias de crímenes graves. Según indicaron, la Corte ha mostrado silencio frente a algunos conflictos y parcialidad en su accionar, mientras que ha centrado una parte importante de sus investigaciones en África.
Los tres países remarcaron que la decisión responde a la necesidad de reforzar su soberanía y desarrollar mecanismos de justicia propios, con raíces en sus tradiciones jurídicas y sociales. En ese sentido, plantearon la importancia de construir tribunales “indígenas” que garanticen la rendición de cuentas pero sin depender de instancias internacionales ajenas a su realidad.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, la salida de un Estado Parte no detiene las investigaciones ya abiertas durante su membresía. Mali, por ejemplo, se encontraba bajo investigación desde 2013 por hechos vinculados al conflicto armado en el norte del país.
Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que la medida podría dificultar el acceso de las víctimas a la justicia internacional. Sin embargo, desde una perspectiva africanista, la decisión refleja la voluntad de estos países de asumir el control sobre sus procesos judiciales y de desafiar estructuras internacionales que históricamente han sido percibidas como sesgadas hacia el continente.
La retirada de Mali, Níger y Burkina Faso de la CPI se suma a una serie de pasos recientes que los distancian de instituciones multilaterales occidentales y refuerzan su integración regional a través de la Alianza de Estados del Sahel (AES). En este marco, los tres gobiernos insisten en que la lucha contra la impunidad no desaparecerá, sino que será llevada adelante con mecanismos que prioricen su independencia y su visión de justicia.
Vía Nahuel Hidalgo