Frente al desfinanciamiento nacional, Bahía Blanca apela a la solidaridad del Polo Petroquímico para obras hídricas urgentes
El intendente Susbielles impulsa una tasa excepcional para paliar la emergencia tras el temporal, en un contexto donde la Nación recortó fondos clave y le cobra hasta los puentes de emergencia.
El Municipio de Bahía Blanca, ante la drástica reducción de partidas nacionales para la reconstrucción de la ciudad tras el trágico temporal de marzo, ha presentado un plan de obra hídrica histórico de $27 mil millones, que será financiado parcialmente con una contribución extraordinaria de las empresas del Polo Petroquímico local.
La medida, definida por el gobierno local como una “tasa solidaria”, busca suplir la ausencia de inversión del Estado nacional, que no solo redujo a la mitad los fondos para Bahía Blanca, sino que le cobra un alquiler millonario a la ciudad por los puentes de emergencia instalados tras la catástrofe y le quitó el servicio de trenes de pasajeros a Capital.
“Tenemos una responsabilidad con la seguridad de los bahienses. No podemos esperar ni un día más ante la llegada de nuevas lluvias. La Nación nos dio la espalda, por lo que debemos recurrir a nuestros propios recursos y capacidad”, explicó una fuente municipal, que prefirió mantener reserva de su nombre.
El proyecto implica una modificación de las alícuotas de tasas municipales para las grandes empresas del Polo, que incluye la creación de un fondo específico para obras hídricas. Desde el oficialismo local destacaron que se prioriza a quien más capacidad contributiva tiene, en un marco de extrema necesidad.
La contracara del “conflicto”: la responsabilidad social en el territorio
Frente al anuncio, desde el Polo Petroquímico expresaron malestar e incluso evaluaron medidas de fuerza, como judicializar la decisión o facturar desde otras localidades. Sin embargo, voces del propio sector industrial reconocen en privado la grave situación de la ciudad.
“Es un debate complejo. Por un lado, la carga impositiva es una preocupación; por el otro, nuestras plantas y nuestros empleados viven aquí. No podemos ser islas de prosperidad en medio de una ciudad que se inunda porque no tiene las obras que el Gobierno Nacional le debe”, argumentó un empresario del sector que pidió no ser identificado.
El jefe del bloque oficialista, Álvaro Díaz, fue contundente: “Bahía Blanca alberga uno de los complejos industriales y portuarios más importantes de Sudamérica. Es lógico y justo que, en un momento de emergencia, quienes más se benefician de las ventajas logísticas y de seguridad que brinda la ciudad, contribuyan de manera solidaria para protegerla”.
Un intendante entre la espada y la pared
La gestión de Federico Susbielles se encuentra en una encrucijada. Evitar la confrontación directa con el Gobierno Nacional no le ha redituado en las partidas que la ciudad necesita por ley. La “tasa solidaria” aparece, entonces, como la única herramienta viable dentro de su autonomía para ejecutar obras que son de vida o muerte para la población.
Mientras la oposición local tilda la medida de “anti-inversión”, desde el municipio responden: “¿Es más ‘anti-inversión’ un impuesto extraordinario para prevenir inundaciones, o es más ‘anti-inversión’ que una ciudad quede bajo el agua, sin conectividad y con servicios colapsados? Nosotros creemos que la verdadera seguridad jurídica es la de los vecinos que pueden dormir tranquilos cuando llueve”.
El debate queda abierto. Lo que para el gobierno nacional parece ser un número en una planilla de ajuste, para Bahía Blanca es la diferencia entre la resiliencia y la vulnerabilidad absoluta.