El Ministerio de Seguridad lanza una amenaza abierta a los trabajadores y ATE responde con una dura intimación legal
En otro preocupante gesto autoritario, el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva, ha emitido un comunicado oficial que establece un peligroso condicionamiento a la libertad de prensa y al derecho de protesta. Bajo la excusa de preservar la integridad física, el Gobierno Nacional intenta confinar a periodistas, camarógrafos y trabajadores de apoyo a una zona restringida en la calle Hipólito Yrigoyen al 1700 durante las movilizaciones previstas para los días 18, 19 y 20 de febrero en el Congreso de la Nación.
La gravedad del documento oficial reside en su lenguaje intimidatorio, ya que el Ministerio advierte de manera explícita que cualquier movimiento fuera de los límites impuestos será considerado una “autopuesta en peligro”. Esta formulación no es más que una amenaza directa y una descarga anticipada de responsabilidad estatal ante posibles agresiones de las fuerzas de seguridad, sugiriendo que el ejercicio libre del periodismo en el lugar de los hechos justifica cualquier exceso policial bajo la premisa de que los trabajadores fueron “advertidos”.
Ante esta avanzada, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través de su Consejo Directivo de Capital Federal y con la firma de su Secretario General Daniel Catalano, respondió de forma inmediata mediante una dura Carta Documento dirigida a la Ministra Monteoliva. El texto legal denuncia la manifiesta inconstitucionalidad del operativo, recordando que el protocolo de seguridad que intenta aplicar el Ejecutivo ya ha sido declarado nulo por la Justicia Federal. La intimación sindical exige al Gobierno que se abstenga de reprimir y criminalizar la protesta social, garantizando el derecho constitucional a manifestarse en el marco del Paro General convocado para mañana 19 de febrero.
La denuncia de ATE hace especial hincapié en la obligación legal de que todo el personal de las fuerzas federales, incluyendo gendarmería y policía, se encuentre debidamente identificado con números de placa visibles en chalecos, cascos y móviles. Esta medida busca evitar la impunidad de los efectivos en caso de abusos, una práctica que el sindicato considera esencial ante el historial represivo de la actual gestión. Catalano fue tajante al afirmar que no se puede naturalizar que el Estado impida el derecho a la protesta y exigió que el Ministerio se atenga estrictamente a la Constitución Nacional y a los fallos judiciales vigentes que limitan la intervención federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este escenario de confrontación legal y política deja en evidencia una estrategia oficial orientada al amedrentamiento de los trabajadores y al control de la narrativa mediática mediante el cercenamiento de la labor periodística. Mientras el Ministerio de Seguridad se prepara para un despliegue de fuerza, las organizaciones sociales y sindicales permanecen en alerta máxima, denunciando que la seguridad nacional está siendo utilizada como una fachada para violentar garantías democráticas fundamentales.