Bullrich defendió la reforma de la Ley de Tierras y ocultó la letra chica que legaliza el latifundio extranjero
La Senadora Nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió a defender la reforma de la Ley de Tierras que impulsa el gobierno de Javier Milei. Dijo que mantener el límite del 25% de superficie rural por provincia para la propiedad extranjera es razonable, y puso ejemplos como la bodega Chandon para argumentar que “propiedad no es soberanía”. Sin embargo, omitió mencionar las derogaciones más profundas del proyecto, que eliminan los topes máximos por titular y por nacionalidad, y cambian la lógica de la ley para facilitar la concentración de recursos estratégicos en manos extranjeras.
“Es ridículo pensar que porque un extranjero tenga dos departamentos o dos fábricas perdemos soberanía. Propiedad no es soberanía”, afirmó Patricia Bullrich durante su exposición en la que defendió la reforma de la Ley de Tierras que el oficialismo busca aprobar en el Senado. La exministra de Seguridad eligió un ejemplo mendocino: “Nadie piensa que Chandon hace francesa a Mendoza”, dijo, para remarcar que una compañía extranjera instalada en el país no convierte una parte del territorio en propiedad de otro Estado.
Sin embargo, la analogía es engañosa. Una bodega que produce, emplea y tributa no es equiparable a un fondo de inversión que adquiere doscientas mil hectáreas en la Patagonia para especular, cercar el acceso a recursos naturales y controlar ecosistemas estratégicos. La diferencia entre Chandon y Lewis es la diferencia entre una inversión productiva y un latifundio con capacidad de capturar poder político, judicial y policial. El caso del Lago Escondido, con el propio Lewis como protagonista, es la prueba más elocuente de que un terrateniente extranjero con suficiente poder económico puede bloquear el acceso a un lago público durante décadas sin que el Estado logre torcerle el brazo. Eso, aunque Bullrich lo niegue, es pérdida de soberanía.
La cortina de humo del 25%
En su defensa, Bullrich destacó que el nuevo dictamen mantiene un límite del 25% de la superficie rural de cada provincia para la propiedad extranjera. Lo presentó como un gesto de moderación. Pero omitió un dato central: la ley actual ya fija un límite del 15%, que se encuentra prácticamente cubierto. Elevar ese tope al 25% significa liberar diez puntos porcentuales adicionales de tierra para capitales extranjeros, lo que equivale a más de veintisiete millones de hectáreas, una superficie similar a la de la provincia de Buenos Aires.
No se trata de un ajuste técnico: es una habilitación masiva para que los fondos de inversión continúen acumulando tierra en un país que ya perdió margen de maniobra sobre sus recursos estratégicos.
Lo que Bullrich no dijo: la letra chica que desguaza los controles
La reforma no se limita a modificar un porcentaje. Deroga ocho artículos de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que conformaban el sistema de control sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Dos de esas derogaciones son particularmente graves y Bullrich las omitió por completo.
Adiós al límite por titular (artículo 10)
La norma vigente establece que un mismo extranjero no puede adquirir más de mil hectáreas en la zona núcleo, o su equivalente en otras regiones según la productividad. Con la nueva redacción, ese límite desaparece. En la práctica, un solo inversor extranjero podrá comprar superficies ilimitadas, siempre que no supere el 25% provincial. El latifundio extranjero, hasta ahora vedado por ley, queda legalizado.
Adiós al límite por nacionalidad (artículo 9)
Hoy rige una restricción que impide que una misma nacionalidad concentre más del 30% de las tierras habilitadas para extranjeros. Con la reforma, ese tope también se deroga. Significa que un solo país —o los fondos de inversión radicados en él— podrá quedarse con todo el 25% disponible, sin control alguno sobre la concentración por origen del capital. La Patagonia, la cordillera, el Acuífero Guaraní y la costa atlántica podrían quedar en manos de un único actor extranjero.
El cambio de lógica: de “comprar con límites” a “comprar salvo prohibición expresa”
Bullrich insistió en que se mantienen restricciones: los Estados extranjeros no podrán comprar tierras rurales, las empresas con participación estatal extranjera necesitarán autorización, y continuarán los controles en zonas de frontera. Sin embargo, el nuevo artículo 3 del dictamen modifica la lógica de la ley.
La norma vigente funciona bajo un principio simple: los extranjeros pueden comprar tierras, pero existen distintos límites para evitar una concentración excesiva. El nuevo dictamen invierte esa lógica: los extranjeros pueden comprar salvo en los casos que quedan expresamente prohibidos. La diferencia es sustancial. Antes, el Estado controlaba; ahora, solo reacciona ante lo que ya fue vendido.
El Senado, los votos y la ausencia de Villarruel
Bullrich aseguró que el oficialismo ya cuenta con los treinta y seis votos necesarios para aprobar la reforma en la Cámara alta. La sesión será presidida por Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, quien podrá desempatar en caso de igualdad. La vicepresidenta Victoria Villarruel no estará presente porque quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante la gira internacional de Javier Milei por Ecuador y Colombia.
La ausencia de Villarruel no es un dato menor. La vicepresidenta había expresado diferencias con algunos aspectos de la reforma y había advertido que no estaba dispuesta a “rifar el país”. Con ella fuera del recinto, el camino queda allanado para que la ley se apruebe sin sobresaltos.
Una reforma que el 77% del país rechaza
La última encuesta de Zuban-Córdoba reveló que el 77% de los argentinos está en contra de la extranjerización de la tierra. El gobierno lo sabe y por eso evitó el debate público y recurrió a cambios de último momento para confundir a la opinión pública. Pero la letra chica es clara: la reforma elimina los límites que protegían al país de la concentración extranjera sobre la tierra, el agua y los recursos estratégicos.
Bullrich dijo que “propiedad no es soberanía”. La historia argentina —y el presente de Lewis y el Lago Escondido— demuestran lo contrario. Cuando un terrateniente extranjero tiene más poder que el Estado, la soberanía no se pierde con tanques. Se pierde con escrituras. Y este gobierno, con esta ley, se dispone a firmar las que faltan.