La subordinación estratégica de Argentina y Chile a Washington: el Escudo de las Américas y la nueva arquitectura de defensa continental
La firma del “Escudo de las Américas” por parte de catorce países del continente, impulsada por la administración de Donald Trump, ha generado una profunda reconfiguración de las alianzas estratégicas en la región. Lejos de ser una simple declaración política, esta alianza plantea un nuevo esquema de subordinación militar y económica a Washington, que ya está generando tensiones internas en países como Chile y reacciones legislativas en la Argentina.
La arquitectura del Escudo: mucho más que seguridad
La declaración conjunta publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos revela que la iniciativa va más allá del combate al crimen organizado. El documento contempla tres pilares fundamentales: el de seguridad, el económico y el de coordinación multilateral.
En el plano de seguridad, el texto reconoce como “una amenaza inmediata y universalmente compartida” a las “organizaciones narcoterroristas transnacionales”, enumerando 24 grupos criminales, ninguno chileno, ni argentino, pero incluyendo al Tren de Aragua (Venezuela).
Sin embargo, el pilar económico es el que genera mayores suspicacias. La declaración menciona explícitamente el objetivo de “defender nuestras economías potenciando la cooperación económica; explorando mecanismos de control de las inversiones; salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante un abastecimiento diversificado y confiable”. En un contexto de creciente disputa entre Estados Unidos y China por el control de los recursos estratégicos, este punto se lee como un intento de asegurar el acceso a los minerales críticos de América Latina, excluyendo la influencia china.
La frase que resume la esencia de este pilar fue pronunciada durante la interpelación en el Congreso chileno: “Qué curioso que cuando EEUU va a buscar democracia, encuentra petróleo y cuando va a buscar seguridad, encuentra minerales críticos”.
El frente chileno: Kast y la resistencia interna
Chile es el único país de los quince adherentes donde la adhesión al Escudo ha generado un profundo debate político. La administración de José Antonio Kast ha insistido en que no se trata de un tratado —que generaría obligaciones—, sino de “una declaración política” no vinculante.
Esta posición fue defendida por el canciller Francisco Pérez Mackenna durante una interpelación en el Congreso, donde sostuvo que Chile no firmó un tratado al adherir al Escudo. Sin embargo, la oposición no quedó conforme y presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República, acusando al Presidente de haber “actuado excediendo las competencias y atribuciones” que le reconoce el ordenamiento jurídico.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó una solicitud formal para que Kast entregue, en un plazo de 30 días, los antecedentes oficiales sobre el Escudo. La votación fue ajustada: 66 votos a favor, 72 en contra y una abstención. Entre los documentos solicitados se encuentran las versiones oficiales en español e inglés de la declaración conjunta del 23 de septiembre, un informe jurídico que explique por qué no se requirió aprobación parlamentaria, y la identificación de los organismos nacionales que participan en el proceso, detallando los protocolos para el intercambio de información e inteligencia.
La oposición chilena, incluyendo a los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, ha cuestionado duramente la decisión. Los diputados que impulsaron el requerimiento —Luis Cuello, Irací Hassler, Daniela Serrano (Partido Comunista), Juan Santana (Partido Socialista) y Jaime Bassa (Frente Amplio)— argumentan que el acuerdo constituye un “tratado internacional encubierto” que compromete la soberanía del país.
El frente argentino: acciones legislativas en curso
En la Argentina, la reacción legislativa ha sido más silenciosa pero no inexistente. La diputada Agustina Propato presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con los memorandos en materia de seguridad firmados con la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
A nivel regional, el Parlamento del MERCOSUR registró un pedido de informes sobre “los alcances y compromisos derivados de la participación de Estados Parte del MERCOSUR en la iniciativa ‘Escudo de las Américas'”. Asimismo, diputados de Unión por la Patria han exigido al Gobierno que informe sobre el envío de aviones y los acuerdos militares con Bolivia y con el Escudo de las Américas presidido por Trump.
Estas acciones legislativas reflejan una preocupación creciente en el arco opositor argentino sobre las implicancias de la subordinación estratégica a Washington. La diputada Propato, desde su rol como vicepresidenta de la Comisión de Defensa Nacional, ha sido una de las voces más activas en cuestionar la cesión de soberanía en materia de defensa.
La reconfiguración geopolítica: el Estrecho de Magallanes como termómetro
La tensión por el Estrecho de Magallanes es el síntoma más visible de la nueva reconfiguración geopolítica. En agosto de 2026, el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, calificó al Estrecho como una “llave bioceánica” y un área de soberanía a mantener. Esto provocó que Chile enviara una nota de protesta formal a la Argentina, reafirmando que el Estrecho está “íntegramente bajo soberanía chilena” según los Tratados de 1881 y 1984.
La situación escaló al punto de que el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, encabezó una sesión extraordinaria en Punta Arenas y anunció una “actualización de las capacidades de defensa” en la zona, incluyendo nuevo material bélico, bases militares e infraestructura portuaria. El diputado independiente Daniel Valenzuela afirmó haber contabilizado 12 incidentes de este tipo en dos años y pidió que la comisión manifieste formalmente al Ejecutivo su malestar por las declaraciones provenientes de Argentina.
Los jefes de comités de todos los partidos políticos con representación en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile acordaron de manera unánime enviar una nota formal al Congreso argentino para manifestar su molestia. La medida fue propuesta por el diputado Diego Schalper, jefe de bancada de Renovación Nacional, y se adoptó tras los comentarios de la senadora argentina Patricia Bullrich, quien dijo que Argentina debía expandir su poderío naval para lograr el “control” del Estrecho. Bullrich luego se disculpó, atribuyendo sus dichos a una “confusión de nombres” y aclarando que se refería al Canal de Beagle.
Conclusiones para la Defensa Argentina
La adhesión al Escudo de las Américas plantea profundas implicaciones para la defensa argentina. En primer lugar, subordina la política de defensa nacional a una agenda estratégica definida en Washington, que prioriza la contención de China y el control de los minerales críticos por encima de las hipótesis de conflicto tradicionales de la Argentina.
En segundo lugar, la participación en el Escudo podría comprometer a las Fuerzas Armadas argentinas en misiones de seguridad interior que difuminan la frontera entre defensa externa y seguridad interna, un límite que la legislación argentina establece con claridad. El senador provincial Sergio Berni ya advirtió sobre este riesgo al señalar que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional “toca el límite de la inconstitucionalidad con el artículo 23 de nuestra Constitución” y “viene a poner un estado de excepción prácticamente permanente y de manera discrecional”.
En tercer lugar, la subordinación a Washington debilita la posición argentina en la disputa por Malvinas. Al alinearse incondicionalmente con Estados Unidos, la Argentina pierde margen de negociación y queda atada a una potencia que es, a su vez, el principal aliado del Reino Unido en la OTAN.