$LIBRA: el periodismo investiga, la justicia archiva y el poder se blinda
Hay una imagen que define el estado de la causa por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA: mientras el periodismo sigue tirando del hilo y descubre una trama de negociaciones para comprar el silencio de los damnificados, la justicia federal avanza en la dirección opuesta. No investiga: desarma el expediente. No cita a indagatoria: echa a las víctimas del proceso.
Las revelaciones publicadas por Hugo Alconada Mon no son un rumor ni una especulación. Son hechos concretos. El 21 de abril, en el restaurante Dashi, Facundo Leal —un exfuncionario detenido por otra causa— se reunió con el abogado Fernando Burlando y el inversor Martín Romeo. Llegó con custodia y patente oficial. Mostró chats de WhatsApp con Santiago Viola, entonces viceministro de Justicia y apoderado de La Libertad Avanza, para acreditar que hablaba en nombre del Gobierno. La propuesta era clara: una “compensación económica” para los damnificados a cambio de que desistieran de sus reclamos contra Javier y Karina Milei.
El Gobierno lo niega todo. Viola dice que no existe ese chat. El ministro Mahiques dice que no conoce a Burlando. Pero nadie explica quién le encargó a Leal semejante misión, ni por qué un detenido por drogas y sobornos actuaba como enviado del poder Ejecutivo con la excusa de “esperar el regreso del Presidente desde Israel”.
Mientras la prensa expone esta trama, el juez Marcelo Martínez de Giorgi hace exactamente lo que el oficialismo necesita: excluye a todos los querellantes particulares. Los inversores damnificados quedan afuera de la causa. El expediente se queda sin testigos, sin acusadores y sin impulso. Es el lawfare al revés: ya no se trata de perseguir opositores con causas armadas, sino de vaciar las causas que incomodan al poder de turno. La estrategia es simple: si no hay quien empuje el expediente, el caso muere por inanición. Y si nadie investiga, la impunidad no necesita sentencia.
La comunidad internacional, mientras tanto, observa con atención. The New York Times publicó que los registros telefónicos muestran siete llamadas entre Milei y el lobista Mauricio Novelli la misma noche en que el Presidente promocionó $LIBRA en X. El mismo medio informó que mensajes recuperados sugieren pagos regulares a Milei mientras era congresista. MercoPress reveló un borrador hallado en el teléfono de Novelli que describe un acuerdo de 5 millones de dólares a cambio del respaldo presidencial. La agencia Associated Press documentó las denuncias por fraude presentadas por abogados argentinos. El mundo ve lo que la justicia argentina se niega a mirar.
El resultado es un sistema de dos velocidades: una prensa que investiga con rigor artesanal, cruzando datos que la instrucción debería haber cruzado hace meses; y un Poder Judicial que tiene los mismos datos a un clic de distancia, pero prefiere la ceguera selectiva. Mientras el Inecip y el Cipce piden formalmente que Javier Milei sea citado a indagatoria por negociaciones incompatibles con la función pública, el juez no se mueve. No puede alegar ignorancia: los chats, las reuniones, los nombres y los montos están en los diarios. Pero prefiere no ver.
Lo que está en juego no es solo la suerte de un expediente. Es la credibilidad de una institución entera. Cuando la justicia se convierte en una mesa de entrada que archiva lo que incómoda, la sociedad queda indefensa. El periodismo puede contar la verdad, pero no puede juzgar ni condenar. Eso le corresponde a los jueces. Y hoy, esos jueces están mirando para otro lado. La pregunta no es si la justicia va a investigar el caso $LIBRA. La pregunta es cuántos de sus integrantes están dispuestos a seguir fingiendo que no lo ven.