Mercados de carbono: el Senado dio media sanción, pero desde Ambiente bonaerense advierten que la ley “vende humo”
El Senado aprobó por 60 votos a favor y 2 en contra el proyecto de “Marco Regulatorio del Mercado de Carbono”. La iniciativa, que ahora pasa a Diputados, busca crear un registro nacional de reducciones de emisiones y habilitar la venta de créditos al exterior en el marco del Artículo 6 del Acuerdo de París. Mientras el sector agropecuario celebra la posibilidad de generar ingresos, desde el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Daniela Vilar, advierten que la norma llega en un contexto de debilidad institucional y podría convertirse en un negocio de “greenwashing” sin reducciones reales.
Qué se aprobó y por qué genera expectativa
El proyecto, que unificó tres iniciativas y tomó como base el texto de la senadora salteña Flavia Royón, crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), exige autorización del Estado para vender reducciones a otros países e incluye beneficios fiscales, como la exención de derechos de exportación y estabilidad fiscal por diez años. Para el Gobierno, el mercado podría generar exportaciones por entre 1.400 y 3.900 millones de dólares anuales.
El sector agropecuario ve una oportunidad concreta: proyectos vinculados a suelos, pasturas, bosques y tratamiento de efluentes podrían sumar ingresos adicionales a la producción. “La Argentina tiene una gran oportunidad porque tiene recursos naturales suficientes, porque puede ofrecer servicios basados en la naturaleza”, señaló Andrés Costamagna, de la Sociedad Rural Argentina.
La advertencia de Ambiente bonaerense: el riesgo del “humo”
En paralelo a la aprobación, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires difundió un análisis crítico sobre los riesgos de la ley. El documento advierte que un crédito de carbono no es una tonelada que se mide, sino que se calcula a partir de una “línea de base” proyectada por el propio desarrollador del proyecto, lo que abre la puerta a exagerar el escenario negativo para generar más créditos de los que corresponden.
El texto cita un estudio sobre 2.346 proyectos que encontró que menos del 16% de los créditos emitidos en el mundo corresponde a reducciones reales. “El riesgo es que, si los controles fallan, lo que se vende es ‘humo’: certificados que no representan ninguna reducción real de emisiones, pero que permiten a quien los compra seguir contaminando como si hubiera ‘compensado'”, alertó Juan Carlos Villalonga, del Círculo de Políticas Ambientales.
El análisis bonaerense también señala un problema estructural: la meta climática argentina (NDC) presentada ante Naciones Unidas es menos exigente que la anterior (el techo de emisiones subió de 349 a 375 millones de toneladas). Una meta laxa genera “créditos sobrantes” que se pueden vender. En otras palabras, advierten, algunos estarían inflando la meta para tener más para comercializar, no para reducir.
La postura de Vilar: discutir el modelo de producción
Si bien no se registraron declaraciones públicas de Daniela Vilar específicamente sobre esta ley al momento de su sanción, su posición sobre la política climática es conocida. En la previa de la COP30, la ministra bonaerense fue enfática: “Hasta que no discutamos en serio este modelo de producción y consumo sumamente injusto, solo se seguirá profundizando la crisis ambiental”.
En ese mismo foro, Vilar reclamó autonomía y financiamiento directo para provincias y municipios, al advertir que “las metas climáticas centradas exclusivamente en los Estados nacionales tienen límites”. Su postura se alinea con la idea de que la transición debe ser financiada por los países centrales, y no a costa de los recursos naturales de la periferia. El análisis crítico de su cartera es una señal elocuente: el gobierno bonaerense no avala un mercado que, sin controles previos, podría terminar favoreciendo a las consultoras internacionales y a los sectores económicos locales que buscan “monetizar los bosques y recursos naturales del país”.
El camino que falta
El proyecto ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados. El análisis del Ministerio de Ambiente bonaerense deja una hoja de ruta clara: la ley debería fijar primero las reglas y recién después habilitar la apertura del mercado. Entre los puntos que considera indispensables se encuentran garantizar que los créditos sean verdaderamente adicionales (que la reducción no habría ocurrido sin el proyecto), establecer un cupo anual de exportación calculado con metodología pública y auditable, exigir una decisión expresa y fundada para cada transferencia internacional, y asegurar que una parte de los créditos se cancele sin usarse para que el mercado deje un beneficio climático neto. La discusión, como señalan desde el entorno de Vilar, no es si debe existir un mercado de carbono, sino bajo qué condiciones puede funcionar sin debilitar la política climática ni dejarle costos al Estado y a las provincias.