La justicia de Kenia condena a Paul Mackenzie y a 28 coacusados por la masacre de Shakahola
El Tribunal Superior de Mombasa declaró culpables este lunes 19 de octubre a Paul Nthenge Mackenzie, líder de la iglesia Good News International, y a 28 de sus colaboradores por el asesinato de 191 personas, de las cuales 190 eran niños y niñas de hasta 16 años, y solo una adulta. El fallo, leído por la jueza Diana Kavedza-Mochache a lo largo de ocho horas, considera probado que Mackenzie y su estructura organizada sometieron a sus seguidores a un régimen de inanición forzada, aislamiento y dominación con la promesa de que al morir “se encontrarían con Jesús”.
El contexto de la masacre
La cifra de 191 víctimas sobre la que se dictó sentencia no agota la dimensión de la tragedia. Desde abril de 2023, cuando las autoridades descubrieron las primeras fosas comunes en el bosque de Shakahola, en el condado costero de Kilifi, se han exhumado más de 400 cuerpos. Los organismos de derechos humanos han documentado un total de 448 muertes y más de 600 personas reportadas como desaparecidas.
Los exámenes forenses establecieron que 72 víctimas murieron directamente de inanición, pero también se identificaron casos de asfixia, compresión manual del cuello y traumatismos craneales. Para 110 cuerpos, el estado de descomposición impidió determinar la causa exacta del deceso, aunque el tribunal consideró que las pruebas circunstanciales permitían concluir que se trató de muertes por inanición. Las familias continúan enfrentando un proceso lento y complejo de identificación mediante ADN: menos del 10 por ciento de los cuerpos han sido entregados para su sepultura. Las autoridades del condado de Kilifi fijaron para diciembre de 2026 la fecha límite para la inhumación de los restos no reclamados.
Las responsabilidades del Estado keniano
Lejos de presentar la masacre como un hecho aislado o como un fenómeno exclusivamente religioso, los organismos de derechos humanos y el propio debate público en Kenia han señalado la responsabilidad de las instituciones estatales. Se concluyó que el Estado keniano “falló en proteger a sus ciudadanos del daño”, al desestimar advertencias previas sobre las actividades de Mackenzie, retrasar las investigaciones y no brindar el apoyo adecuado a las víctimas sobrevivientes y a sus familias. El informe también pidió que se exijan responsabilidades a los funcionarios cuyas acciones u omisiones contribuyeron a la tragedia.
Mackenzie había sido detenido en dos ocasiones anteriores, en 2017 y 2019, pero fue liberado en ambas oportunidades. El reverendo Tony Kiamah, líder de la River of God Church, cuestionó esa impunidad: “Cada vez que lo arrestaban, ¿por qué lo dejaban ir?”, preguntó, y sostuvo que “estos tipos están entrelazados con el poder, son intocables”. Kiamah también cuestionó que la comisión de investigación ordenada por el presidente William Ruto nunca haya hecho públicos sus hallazgos: “¿Qué están escondiendo?”.
Las víctimas y la dimensión del dolor
La sentencia reconoce la figura de una organización estructurada en torno a la radicalización y el aislamiento, que llevó a familias a romper sus vínculos y a algunas madres a dejar morir de hambre a sus propios hijos. Durante el juicio, la jueza Mochache relató testimonios desgarradores: niños que vestían ropa nueva, emocionados por la promesa del cielo, y que incluso señalaban dónde querían que fueran enterrados sus cuerpos. Mackenzie les había asegurado que sería el último en morir, porque “cerraría la puerta de la tierra” después de que todos los demás hubieran ascendido.
Las secuelas de la masacre se extienden más allá de las víctimas fatales. Dan Mackenzie, hijo del condenado, relató que sus hermanos menores seguían siendo obligados a ayunar hasta dos semanas antes del veredicto. “Básicamente, los obligaban a ayunar porque les negaban la comida durante casi tres días”, contó. Dan, que dejó la escuela a los siete años por la doctrina de su padre —que prohibía la educación y consideraba “maligna” la medicina moderna—, denunció a su propia abuela para rescatar a sus hermanos.
El futuro del caso y la regulación religiosa
La lectura de la sentencia se produjo tras más de tres años de espera desde la aparición de las primeras fosas comunes. La defensa de Mackenzie anunció que apelará el fallo, mientras el Director de la Fiscalía Pública de Kenia, Renson Ingonga, calificó la decisión como “un paso importante para la justicia keniana” y destacó la dificultad de obtener una condena en un proceso con 191 cargos, múltiples acusados y numerosos testigos.
La masacre de Shakahola reabrió en Kenia un debate de fondo sobre la regulación de las organizaciones religiosas en un país de mayoría cristiana. La Procuradora General, Dorcas Oduor, advirtió en agosto de 2026 sobre un “aumento explosivo” en el registro de iglesias, vinculado a “fallas graves de gobernanza” y disputas financieras. La sentencia contra Mackenzie y sus colaboradores no cierra esa discusión: la pregunta sobre cómo prevenir que estructuras de poder religioso se conviertan en espacios de abuso y muerte sigue abierta, y las familias de las víctimas aún esperan que la justicia keniana no se detenga en los condenados.
La sentencia se conocerá el próximo 6 de noviembre de 2026.