Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para amnistiar a Pedro Castillo y a procesados por protestas sociales
La iniciativa, que lleva la firma de la diputada Catherin Palomino y el respaldo de legisladores de Obras, busca extinguir las condenas y procesos por el mensaje del 7 de diciembre de 2022 y por los conflictos sociales registrados desde julio de 2021. El texto excluye delitos graves como homicidio, violación o narcotráfico.
La bancada de Juntos por el Perú (JP) presentó este viernes 30 de octubre un proyecto de ley que propone conceder una amnistía general para el expresidente Pedro Castillo Terrones y para los líderes sociales y ciudadanos procesados por hechos vinculados a las protestas y conflictos sociales registrados en el país desde el 28 de julio de 2021 hasta la entrada en vigencia de la eventual norma.
La iniciativa, identificada con el número de expediente 00719-2026-2031-CD, fue ingresada a las 2:02 p. m. ante la Cámara de Diputados y consta de 28 páginas. Su autora principal es la diputada Catherin Palomino, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y el documento cuenta con las firmas de sus colegas de JP Svieta Fernández, Ernesto Zunini y César Tito Rojas, así como con el respaldo de 14 diputados de la bancada Obras, entre ellos Víctor Piñán, Henry Albañil, Jenny Samanez y Andrea Medina Stein.
Los dos ejes de la amnistía
El proyecto contempla dos grupos de beneficiarios claramente diferenciados:
Los hechos del 7 de diciembre de 2022: El capítulo II de la propuesta concede amnistía por los actos previos, preparatorios y relacionados con la elaboración, lectura, difusión y ejecución del mensaje a la Nación en el que Castillo anunció la disolución del Congreso. La medida comprende a todas las personas que hayan intervenido en esos hechos, independientemente de su grado de autoría o participación. Entre los beneficiarios explícitos figuran el propio Castillo, la ex primera ministra Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y el expremier Aníbal Torres, todos condenados en primera instancia por conspiración para la rebelión.–
Las protestas sociales: El segundo grupo lo conforman campesinos, comuneros indígenas, estudiantes, transportistas y dirigentes sociales del sur andino procesados por delitos como disturbios, entorpecimiento de servicios públicos, daños, usurpación de vías o bloqueos. La amnistía extinguiría la acción penal y las penas —incluso si la sentencia no es firme—, dispondría el archivo de las investigaciones y anularía los antecedentes policiales y judiciales.
Los límites de la propuesta
El texto establece exclusiones explícitas. Quedan fuera del beneficio los hechos que hayan causado muerte o lesiones graves dolosas, así como los delitos de violencia sexual, secuestro, tortura, trata de personas, narcotráfico, minería ilegal y aquellos cometidos por funcionarios públicos. Tampoco alcanza a miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional implicados en el uso de la fuerza durante los operativos de control del orden público.
El argumento político detrás de la iniciativa
La exposición de motivos sostiene que el Estado mantiene una “persecución penal de naturaleza política” contra dos grupos: quienes participaron en el mensaje de Castillo y los ciudadanos procesados por las protestas. Según la bancada, la finalidad de la norma es “contribuir a la pacificación y a la reconciliación nacional” y “garantizar que el derecho penal no sea empleado para sancionar el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación política”.
Un contexto judicial que condiciona su alcance
Pedro Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo desde el 7 de diciembre de 2022, tras ser vacado por el Congreso y detenido cuando intentaba llegar a la Embajada de México. En noviembre de 2025 fue condenado en primera instancia a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión.
Sin embargo, la propia iniciativa legislativa precisa que, incluso si la amnistía se aprobara, Castillo continuaría privado de libertad debido a que sobre él pesa otra prisión preventiva por un proceso distinto al de la asonada del 7 de diciembre. Betssy Chávez, por su parte, se encuentra asilada en México, mientras que a Huerta y Torres se les suspendió la ejecución de la pena hasta la revisión en segunda instancia.
El proyecto de ley aguarda ahora ser debatido en las comisiones correspondientes del Congreso, en un escenario de fuerte polarización política en torno a la figura del expresidente y a la gestión de las protestas sociales que marcaron el inicio del gobierno de Dina Boluarte.
