Proscripción y Soberanía: cuando la justicia sirve a otros intereses
En el Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, del Atlántico Sur y el Sector Antártico, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de una sentencia que no solo la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos, sino que sella un hecho de enorme gravedad institucional: la proscripción política de la principal referente opositora al gobierno de Javier Milei.
Desde la sede del Partido Justicialista, acompañando a Cristina, la diputada nacional de Unión por la Patria Agustina Propato fue clara en su advertencia:
“La categoría ‘casualidad’ no existe en la historia política. Vienen por esto, por nuestro territorio y nuestro Atlántico Sur; y están allanando el camino con maniobras de disciplinamiento que, más viejas y conocidas, no se consiguen.”
Su reflexión resume el clima de época: una justicia convertida en herramienta de persecución política, alineada con sectores del poder económico y mediático que necesitan neutralizar liderazgos transformadores.
No es menor que esta decisión judicial se haya conocido un 10 de junio. Mientras el país recuerda la soberanía sobre las Malvinas, un fallo sin sustento jurídico deja fuera del juego democrático a quien durante años puso en discusión los modelos de saqueo y entrega del patrimonio nacional. Cristina Kirchner apelará a instancias internacionales. Su abogado, Gregorio Dalbón, ya presentó denuncias ante organismos multilaterales en La Haya. Señalan la violación del debido proceso, la falta de imparcialidad judicial y una condena escrita “de antemano”.
La causa Vialidad, sostenida en indicios y sin pruebas directas, es ahora la vía formal con la que se consuma un plan político: borrar del mapa institucional a la dirigente más influyente de los últimos veinte años. No sorprende que haya silencio en los medios concentrados ni entusiasmo entre los libertarios en redes sociales: la democracia, cuando les incomoda, les sobra.
Frente a este escenario, el Grupo de Puebla –conformado por referentes como Dilma Rousseff, Rafael Correa y José Luis Rodríguez Zapatero– rechazó la condena y denunció el uso de la justicia como herramienta de proscripción. Alertaron sobre el avance del lawfare en América Latina y su función disciplinadora contra líderes populares.
Porque no es solo Cristina. Es el mensaje. Es lo que vendrá después. Es la advertencia a quienes se atrevan a cuestionar el rumbo del ajuste, de la entrega, del silencio.
Hoy no solo se atenta contra una persona. Se atenta contra el derecho del pueblo a elegir libremente. Y eso, en democracia, también es soberanía.
Vía Equipo Nahuelinforma