Milei, ¿cada día más Maduro?
Mientras el presidente Javier Milei insiste en presentarse como el abanderado de la libertad, el achicamiento del Estado y la lucha contra el autoritarismo, sus decisiones de gobierno comienzan a mostrar una preocupante convergencia con prácticas propias de los regímenes que dice combatir. La creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) y la designación de sus autoridades mediante el Decreto 92/2026 profundizan esa contradicción.
Lejos de reducir estructuras, el Gobierno avanza en la construcción de un nuevo organismo estatal con amplias facultades sobre el ciberespacio, las infraestructuras críticas y los sistemas de información del país. Bajo el argumento de la “seguridad digital”, se consolida una herramienta de concentración de poder tecnológico directamente dependiente del Poder Ejecutivo.
Este tipo de estructuras no son novedosas en la región. Venezuela cuenta desde hace años con organismos similares, que bajo la excusa de la ciberseguridad y la defensa del Estado terminaron funcionando como dispositivos de vigilancia, censura y control social. La experiencia venezolana muestra con claridad cómo estas herramientas, sin controles democráticos sólidos, derivan en persecución política, monitoreo de opositores, periodistas y activistas, y restricción de la libertad de expresión.
En Argentina, la creación del CNC avanza sin un debate público profundo, sin control parlamentario específico y sin mecanismos claros de transparencia. La falta de límites precisos sobre el alcance de sus funciones abre interrogantes inquietantes: ¿quién controla al controlador? ¿qué garantías existen para la privacidad de los ciudadanos? ¿qué mecanismos impedirán el uso político de estas capacidades?
La contradicción es evidente. Mientras Milei denuncia a gobiernos como el de Nicolás Maduro por autoritarios, replica instrumentos centrales de esos mismos modelos, ampliando la capacidad estatal de vigilancia digital y concentración de información sensible.
El problema no es la ciberseguridad en sí. Proteger infraestructuras críticas y sistemas públicos es una necesidad legítima. El problema es la acumulación de poder sin controles, en un contexto de creciente intolerancia al disenso, estigmatización de periodistas y ataques sistemáticos a la protesta social.
Así, el relato libertario choca una vez más con la realidad. Menos Estado para la educación, la ciencia, la salud y los jubilados. Pero más Estado para el control, la vigilancia y la supervisión digital.
En nombre de la libertad, el Gobierno avanza en una arquitectura institucional que se parece, cada vez más, a aquello que dice combatir. Y en ese camino, Milei empieza a parecerse peligrosamente a Maduro.