Todo sigue igual: ¿cambios en el impuesto a las ganancias?
El Gobierno nacional oficializó el Decreto 93/2026, con el que reglamenta el nuevo “Régimen de Declaración Jurada Simplificada” del Impuesto a las Ganancias. Pese a la expectativa generada por el discurso libertario y las promesas de alivio fiscal, la medida no elimina el impuesto a las ganancias para los trabajadores, no reduce la carga tributaria y no crea nuevos beneficios económicos reales para la población. En los hechos, todo sigue igual.
La norma introduce cambios administrativos y procedimentales en la forma de declarar y controlar el impuesto, mediante un sistema de declaraciones juradas pre-cargadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP. El objetivo declarado es simplificar trámites, reducir burocracia y agilizar controles. Sin embargo, el impacto concreto sobre el bolsillo es nulo.
Los trabajadores que hoy pagan Ganancias seguirán pagando, con las mismas escalas y deducciones vigentes. El decreto no modifica montos mínimos, no reduce alícuotas ni elimina el tributo. Tampoco implica una baja en las retenciones salariales. La presión fiscal se mantiene intacta.
En cambio, el Estado fortalece su capacidad de fiscalización, automatiza cruces de datos y amplía el control digital sobre los contribuyentes. Bajo el nuevo régimen, ARCA podrá auditar retroactivamente cuando detecte “discrepancias significativas”, definidas como diferencias del 15% o más, o la utilización de documentación apócrifa.
Así, mientras el discurso oficial insiste en la necesidad de achicar el Estado y aliviar la carga impositiva, la realidad muestra un camino inverso: más control, más fiscalización y mayor capacidad recaudatoria, especialmente sobre trabajadores, autónomos y pequeños contribuyentes.
La medida aparece además en un contexto de fuerte reducción de impuestos para grandes grupos económicos, eliminación de retenciones a sectores concentrados y beneficios fiscales a corporaciones. En ese marco, el ajuste fiscal se sostiene, en gran parte, sobre la clase media y los trabajadores formales, a quienes se les exige mayor “eficiencia contributiva”.
En definitiva, el nuevo decreto no cambia el fondo del problema: la alta presión impositiva sobre los ingresos laborales. Solo modifica la forma de administrar y controlar el cobro.
Promesas de alivio, anuncios de reformas, discursos de libertad. Pero en la práctica, para millones de trabajadores argentinos, todo sigue igual.