El conflicto en el Garrahan llega a la Justicia Federal: denuncian penalmente a la intervención por persecución sindical
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) presentó una denuncia penal contra la abogada María Fernanda Marino, instructora sumariante de la intervención, por los delitos de desobediencia a la Justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 1 en lo Criminal y Correccional, a cargo de la jueza María Romilda Servini, bajo el patrocinio de las doctoras Mariana Emilse Chiacchio y Alejandra Yamila Giordano, integrantes del Centro de Abogados/as por los Derechos Humanos (CADHU). Según la querella, Marino avanzó ilegalmente sobre un procedimiento cuya suspensión judicial estaba plenamente vigente, dictando resoluciones que exceden sus atribuciones y fijando plazos de descargo antes de que vencieran los términos para recurrir la sentencia de Cámara, vulnerando así el debido proceso y el derecho de defensa.
La presentación judicial sostiene que estas conductas forman parte de un patrón sistemático de hostigamiento contra la conducción sindical, que incluye el adelantamiento público del resultado de los sumarios por parte del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Salud, Mario Lugones. El hecho se remonta al 3 de febrero de 2026, cuando los funcionarios anticiparon los despidos antes de que los afectados pudieran presentar sus descargos. Desde la APyT remarcaron que el avance administrativo se produjo a pesar de que la medida cautelar seguía firme, ya que la apelación del hospital había sido concedida con efecto devolutivo, lo que obligaba a mantener la suspensión del sumario durante toda la tramitación del recurso.
La denuncia también señala que la instructora Marino desestimó sin análisis los planteos de los trabajadores y decidió no aplicar la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que establece la interrupción de plazos ante recursos judiciales pendientes. La secretaria general del gremio, licenciada Norma Lezana, denunció que los sumarios contra ella y contra Maximiliano Bares son instrumentos para amedrentar a una representación gremial independiente que se opone al vaciamiento y a los intentos de privatización. Lezana confirmó que ya solicitaron una nueva intervención judicial para frenar estos procesos que calificó de “truchos”, denunciando que se busca imponer el “modelo Adorni” basado en el nombramiento de personal a dedo, compras injustificadas y un clima de autoritarismo generalizado dentro del hospital público.