La AFA concretó su mudanza a la Provincia de Buenos Aires y se retira de la jurisdicción de la Ciudad
A través de una resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, la entidad que preside Claudio Tapia consolidó su radicación definitiva en territorio bonaerense. El movimiento le quita el poder de policía a la IGJ y genera un nuevo escenario de conflicto con el Gobierno Nacional.
BUENOS AIRES. – La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha completado formalmente su cambio de jurisdicción, dejando atrás décadas de fiscalización por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mediante la Resolución RESO-2026-1159, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires tomó razón de la finalización del trámite de reforma estatutaria.
El nuevo esquema de sedes
La entidad fijó su domicilio social en la calle Mercedes N° 1366, en la localidad de Pilar, mientras que su sede deportiva se mantiene en el predio “Lionel Andrés Messi” de Ezeiza. Ambos puntos se encuentran ahora bajo la órbita exclusiva de la provincia gobernada por Axel Kicillof.
El fin de la competencia de la IGJ
El documento administrativo es taxativo: a partir de la inscripción registral, la IGJ carece de legitimidad y jurisdicción para expedirse sobre el cambio de domicilio o ejercer control de legalidad sobre la AFA. La resolución argumenta que admitir un doble control por parte de Nación y Provincia implicaría una superposición de competencias contraria al diseño federal previsto en la Constitución Nacional.
Blindaje institucional
Este movimiento jurídico representa un fuerte revés para las intenciones del Ministerio de Justicia de la Nación. Al radicarse en la Provincia de Buenos Aires, la AFA se resguarda en una jurisdicción que ha manifestado públicamente su rechazo a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), el proyecto que impulsa la administración de Javier Milei.
La resolución establece que la AFA se encuentra ahora fiscalizada exclusivamente por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, cerrando así la puerta a cualquier intervención administrativa directa desde el organismo que conduce Daniel Vítolo en la Capital Federal.