Una diputada argentina exige información total sobre vuelos militares a Bolivia ante temor de carga represiva
Citando un “grave precedente” de 2019 y discrepancias crecientes entre los informes oficiales, una diputada argentina presentó una resolución de alto impacto que exige al Poder Ejecutivo brindar información exhaustiva y documentada sobre el envío de aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea a Bolivia, una misión lanzada en mayo de 2026 como un supuesto “puente logístico” para aliviar la escasez en el vecino país sumido en una crisis.
Agustina Propato, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, presentó el pedido el miércoles al amparo del artículo 100, inciso 11 de la Constitución argentina y del reglamento de la Cámara de Diputados, que facultan al Congreso a exigir información al Ejecutivo. Su iniciativa aumenta la presión política sobre el gobierno del presidente Javier Milei, que hasta ahora solo había brindado detalles limitados sobre la operación.
“No podemos soslayar que la memoria institucional de la República se encuentra signada por los graves sucesos de 2019, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo una cobertura de asistencia, se facilitó el traslado de material represivo (municiones y granadas de gas) que terminó siendo utilizado contra la población civil en las masacres de Sacaba y Senkata”, escribió Propato en el preámbulo de la resolución, evocando heridas aún abiertas en la política boliviana.
El pedido, acompañado por varios legisladores de bloques de centroizquierda y de derechos humanos, exige al Ejecutivo responder cuatro preguntas puntuales en un plazo razonable (aunque la resolución no fija una fecha límite).
“Auditar la carga”
El punto más explosivo es el número tres: una auditoría completa de la carga de los Hércules, con registros de estiba verificados, documentación aduanera o militar, y una certificación explícita de que el material transportado no contiene gases, municiones ni elementos de disuasión de protestas.
Propato insiste en que la sensibilidad de la crisis boliviana —donde las fuerzas del gobierno han sido acusadas de usar fuerza letal contra manifestantes— vuelve urgente esta verificación.
“La transparencia no es solo una exigencia administrativa, sino un resguardo ético de nuestra política exterior y un compromiso irrenunciable con los derechos humanos”, sostiene la resolución.
La legisladora también exige un listado detallado de todos los funcionarios y tripulantes a bordo de los vuelos, para probar que su función es “meramente logística” y que ningún personal de seguridad argentino realiza tareas operativas en suelo extranjero.
Discrepancias sobre el número de aeronaves
La resolución destaca una inconsistencia desconcertante: mientras que funcionarios argentinos hablaron de un despliegue modesto, las autoridades bolivianas mencionaron cifras significativamente más altas de vuelos o aeronaves C-130 involucradas. Propato exige una explicación de esa diferencia, junto con el marco legal —tratados internacionales, notas diplomáticas o acuerdos bilaterales— que autoriza la presencia de bienes militares argentinos dentro de Bolivia.
Ecos de 2019
El fantasma de la crisis de 2019 planea sobre todo. Tras la cuestionada renuncia de Evo Morales, Bolivia cayó en semanas de violencia. Investigaciones posteriores mostraron que granadas de gas y otros elementos de control de disturbios rastreados hasta proveedores extranjeros —algunos a través de intermediarios— fueron usados en las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron decenas de civiles.
La resolución de Propato nombra explícitamente esos casos, argumentando que cualquier nuevo “puente logístico” debe ser escrutado para impedir una repetición.
Voceros del gobierno aún no emitieron una respuesta formal. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Defensa, bajo condición de anonimato, insistieron en que la misión actual es estrictamente humanitaria, orientada a transportar alimentos e insumos médicos para apoyar las redes de distribución bolivianas. Calificaron la resolución como “una siembra de miedo con motivaciones políticas”.
Pero organizaciones de derechos humanos y legisladores opositores sostienen que el Congreso argentino tiene el deber de investigar cualquier misión militar en el exterior, especialmente si se realiza en un país con un entorno de seguridad volátil.
Una prueba para el control parlamentario
La resolución invoca el artículo 100, inciso 11 de la Constitución, que otorga a cada cámara la facultad de requerir información al Ejecutivo. Si el gobierno no responde satisfactoriamente, Propato podría escalar a una interpelación formal o convocar a los ministros a una audiencia legislativa.
“No se trata de obstaculizar la cooperación internacional”, declaró Propato a la prensa tras presentar la iniciativa. “Se trata de garantizar que los recursos argentinos y los aviones argentinos no estén siendo utilizados, directa o indirectamente, para alimentar la represión en un país vecino. El pueblo tiene derecho a saber”.
La resolución ahora pasa a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa de la Cámara baja. Incluso si no avanza rápidamente, su sola presentación obliga al gobierno de Milei a explicar un despliegue que hasta ahora había operado con un mínimo control público.
Para Bolivia, que ya enfrenta una aguda escasez de bienes básicos y un clima políticamente polarizado, la investigación del Congreso argentino agrega otra capa de incertidumbre a una relación bilateral ya de por sí tensa.