Diputados retoma el debate por la Defensa de la Soberanía en medio del fallo de la Corte sobre Tierras y la pulseada por el financiamiento universitario
El plenario de comisiones vuelve a reunirse este martes para escuchar a especialistas, tras el escándalo protagonizado por Juan Grabois. En paralelo, un grupo de legisladores —entre ellos Agustina Propato— reclama al Ejecutivo que adecúe el Presupuesto 2027 para cumplir con la ley de financiamiento universitario.
La Cámara de Diputados retomará este martes a las 15:30 el debate en comisión del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en una jornada atravesada por el reciente fallo de la Corte Suprema que revocó una medida cautelar y reactivó la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La discusión se da, además, en medio de una fuerte pulseada por el financiamiento universitario, con un grupo de diputados de distintos bloques —entre los que figura Agustina Propato— reclamando al Poder Ejecutivo que adecúe el Presupuesto 2027 para garantizar el cumplimiento de la Ley 27.795.
El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 15:30 en el Anexo C de la Cámara baja. Será la segunda jornada informativa sobre la iniciativa impulsada por el Gobierno, luego de que la reunión de la semana pasada terminara de manera abrupta por un cruce entre el dirigente social Juan Grabois y diputados del oficialismo, episodio que derivó en un pedido de expulsión del legislador por parte de La Libertad Avanza.
En esta oportunidad, las distintas bancadas convocaron a especialistas, académicos, exfuncionarios y representantes de organizaciones vinculadas con la cuestión Malvinas y la soberanía nacional. Entre los expositores estarán el exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus, el exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Guillermo Carmona y el intendente de Punta Indio, David Angueira. También participarán Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM); Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas; Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; y los especialistas de la UBA Luciano Anzelini, Sergio Eissa y Raúl Gustavo Ferreyra. La lista se completa con la politóloga Mariana Altieri, el especialista en criminalística Pablo Testori Schroeder, el perito naval Fernando Morales y Víctor Sierra, representante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur.
El proyecto del Gobierno busca derogar la Ley 26.659 y reemplazarla por un régimen más estricto que endurece las penas —hasta 20 años de prisión— por la explotación o cooperación en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes. La iniciativa amplía las prohibiciones a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables, crea un registro público de infractores, incorpora el juicio en ausencia para los delitos previstos y establece un nuevo Sistema de Seguridad Nacional coordinado por un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente.
El nuevo elemento que atraviesa la discusión es el fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre, que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. El máximo tribunal consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) carecía de legitimación para promover la demanda. La decisión generó fuertes reacciones opositoras: el gobernador Axel Kicillof la calificó como “el fallo de la infamia”, mientras que el senador Sergio Berni presentó un proyecto de ley para limitar la titularidad extranjera de tierras rurales en la provincia de Buenos Aires a un 15% de la superficie total. En paralelo, el juez Enrique Alonso Regueira rechazó la cautelar pedida por Miguel Pichetto y Nicolás Massot para suspender el artículo del DNU que derogó la Ley de Tierras Rurales.
En tanto, el frente por el financiamiento universitario avanza en paralelo. Un grupo de diputados de diferentes espacios políticos, encabezados por los de Argentina Federal, presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que readecúe el proyecto de Presupuesto 2027 e incorpore los créditos necesarios para cumplir de manera integral con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La iniciativa fue impulsada por Alberto Arrúa y acompañada por legisladores de Argentina Federal, UP, Provincias Unidas y otros bloques. Entre los firmantes se encuentra Agustina Propato, diputada nacional que viene sosteniendo activamente la defensa de la educación pública y el financiamiento universitario en sus votaciones y proyectos. La propuesta reclama que el Ministerio de Economía contemple en el cálculo de gastos del próximo ejercicio las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, la actualización de los salarios del personal docente y no docente, el financiamiento de programas de becas estudiantiles y el resto de las obligaciones establecidas por la legislación vigente.
Los legisladores recuerdan que la Ley 27.795 fue vetada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 647/2025, pero posteriormente el Congreso insistió con la norma y logró convertirla en ley con las mayorías constitucionales requeridas. Fue promulgada mediante el Decreto 759/2025, por lo que sus disposiciones se encuentran plenamente vigentes. Sostienen que el debate del Presupuesto 2027 no puede desconocer las obligaciones legales ya existentes y advierten que la previsibilidad presupuestaria resulta indispensable para el normal funcionamiento de las universidades nacionales, que deben planificar salarios, infraestructura, investigación, hospitales universitarios, actividades académicas y políticas de extensión.
La Justicia Contencioso Administrativa Federal ya intimó al Poder Ejecutivo a cumplir una medida cautelar vinculada con aspectos de la ley de financiamiento universitario, en un contexto donde las universidades advirtieron que el Gobierno asigna un 33% menos de lo que reclaman para funcionar en 2027.