Ajuste educativo en CABA: cierre de grados, despidos y una Justicia que puso freno
El gobierno de Jorge Macri profundiza el vaciamiento de la escuela pública porteña con el cierre de más de 220 grados, despidos masivos y un recorte presupuestario acumulado del 13% desde 2023. Mientras se recorta la educación pública, se subsidia a la privada. La Justicia suspendió provisoriamente los cierres y obligó al Gobierno a sentarse a dialogar.
El ajuste educativo en la Ciudad de Buenos Aires ya no es una amenaza: es una realidad que golpea a la escuela pública con una brutalidad inédita. El gobierno de Jorge Macri avanza con el cierre de más de 220 grados y cursos en los niveles primario, secundario y terciario, el despido de centenares de docentes y un recorte presupuestario que, lejos de ser coyuntural, responde a una decisión política de fondo: vaciar la educación pública para transferir recursos a la privada.
El recorte presupuestario: los números de un desguace
Los datos oficiales, analizados por el Observatorio Económico de la Ciudad del Centro de Economía Política Argentina, son contundentes. En 2026, el presupuesto educativo de la Ciudad caerá un 3,5% en términos reales y acumulará una baja cercana al 13% desde 2023, lo que equivale a unos 500.000 millones de pesos menos.
El desglose es demoledor. Las partidas para infraestructura escolar caen un 11,2%; las becas estudiantiles retroceden un 5%; los subsidios a cooperadoras se recortan un 11%; y los fondos para educación inicial, primaria y especial también disminuyen. En paralelo, el gasto en personal docente toca su piso más bajo en cuatro años, acumulando una caída del 1% respecto del primer trimestre de 2022.
La paradoja es obscena: mientras se recorta la educación pública, el presupuesto asignado a la remodelación del Autódromo Gálvez asciende a 137.000 millones de pesos, casi tres veces más que todo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Económico.
El vaciamiento en las aulas: cierres, fusiones y hacinamiento
El cierre de grados es la punta del iceberg. Según un off del Ministerio de Educación porteño, la cantidad de escuelas primarias afectadas será de entre 100 y 120 en 2026. Esto significa que donde había 20 estudiantes ahora habrá 25, 30 o más, profundizando el hacinamiento y atentando contra la calidad educativa.
Los casos testigo son escalofriantes. La Escuela N°16 DE 14 Fray Justo Santa María de Oro, del barrio de La Paternal, dejó de existir tras 100 años de historia. Sus docentes fueron reubicados a cuentagotas y los estudiantes debieron buscar vacante en otras escuelas a días del inicio de clases. La Escuela de Reingreso Luis Alberto Spinetta, en Belgrano, sufrió el cierre de tres de sus siete cursos y el despido del 40% de su planta docente. El Normal 10 Juan Bautista Alberdi vio reducida la mitad de sus grados de primaria, con la promesa de hasta 35 alumnos por aula.
En el nivel inicial, al menos cinco jardines maternales fueron cerrados antes del inicio del ciclo lectivo, dejando a cientos de niños sin vacante. En el nivel terciario, se suspendió la inscripción para 2027 en los profesorados de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas del Instituto Superior Joaquín V. González, carreras con más de 50 años de trayectoria. Y en la Escuela Técnica N° 34 Ing. Enrique Hermitte, se despidió al 80% de los profesores de Educación Ciudadana, pasando de 10 docentes a solo 2 para cubrir los tres turnos.
Despidos y persecución: el factor humano del ajuste
Detrás de cada número hay familias. En febrero de 2026, 50 docentes del programa Maestro + Maestro —que fortalece la alfabetización en el primer ciclo de primaria— fueron cesanteados por mail, sin previo aviso, a días de empezar las clases. La diputada Maru Bielli denunció la medida como un acto de vaciamiento educativo y presentó un proyecto de repudio en la Legislatura.
La persecución también alcanza a quienes defienden la escuela pública. La gestión de Macri avanzó con una escalada de amedrentamiento judicial contra los referentes de la docencia porteña y la conducción del sindicato ADEMYS. Los gremios mayoritarios, UTE y ADEMYS, movilizaron al Ministerio de Educación y realizaron paros de 24 y 48 horas en rechazo al ajuste.
La Justicia pone un freno
El 24 de septiembre de 2026, el Juzgado en lo Contencioso N° 10 hizo lugar a una presentación del gremio UTE para impedir el cierre de grados y cursos en los niveles primario, secundario y terciario. La asesoría tutelar, en un dictamen categórico, sostuvo que el cierre de aulas no tiene correlato directo en la protección de los derechos de los más desaventajados y que la norma cuestionada resulta totalmente irrazonable.
La suspensión es provisoria. El Gobierno de la Ciudad deberá comparecer ante la justicia porteña para presentar la información precisa y definitiva sobre el total de alumnos y cursos afectados. Hasta entonces, los grados no se cierran. Los supervisores escolares y los delegados de cooperadoras también se pronunciaron: ninguna medida sobre la matrícula puede resolverse sin consenso con la comunidad educativa.
La hipocresía oficial: recorte a la pública, subsidios a la privada
Mientras se cierran grados en la escuela pública, el Gobierno de la Ciudad aprueba subsidios millonarios a la educación privada. A través del Boletín Oficial, se estableció una asignación económica excepcional de 1.259.999.997 pesos destinada a instituciones de gestión privada. Además, se entregará un bono de 30.000 pesos por alumno para garantizar el pago de las cuotas y se autorizaron aumentos que llevarán las cuotas de colegios privados con subsidio estatal a cifras de hasta 224.300 pesos mensuales.
En la Legislatura, la situación alcanzó un nivel de desprecio absoluto. El 19 de agosto de 2026, durante una reunión de la Comisión de Educación, diputados del PRO y La Libertad Avanza se retiraron mientras docentes, estudiantes y familias exponían sobre el vaciamiento que produce la reforma educativa de Jorge Macri. Laura Alonso fue una de las legisladoras que se levantó en el preciso momento en que la comunidad educativa hablaba sobre la falta de infraestructura, los pizarrones rotos y los baños que no funcionan.
La educación como variable de ajuste
La educación es una variable de ajuste para Macri y Milei, quieren un pueblo sumiso, sin crítica y poco educado, sintetizó una docente durante la movilización al Ministerio de Educación. La frase resume el sentido profundo de este plan: no se trata de un problema de matrícula ni de eficiencia administrativa. Se trata de una decisión política de desmantelar la escuela pública para consolidar un modelo educativo segmentado, donde el acceso a una educación de calidad dependa del poder adquisitivo de cada familia.
El cierre de grados, los despidos, el recorte presupuestario y los subsidios a la privada son piezas de un mismo rompecabezas. Y la Justicia, por ahora, puso un freno. Pero el freno es provisorio. La lucha por la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires recién empieza.