Estudios jurídicos internacionales preparan demandas contra Milei por criptofraude
La polémica en torno a la criptomoneda $LIBRA ha desencadenado una ola de posibles acciones legales contra el presidente argentino, Javier Milei. Firmas de abogados especializadas en fraude financiero y delitos asociados a activos digitales han comenzado a ofrecer representación a los inversores afectados. Entre ellas, Burwick Law, un influyente bufete con sede en Nueva York, anunció en redes sociales su disposición a asesorar a quienes aseguran haber sido perjudicados por la moneda digital promovida por el mandatario.
“Si ha sufrido pérdidas con $LIBRA, contáctenos para conocer sus opciones legales”, publicó el estudio en su cuenta oficial, destacando su experiencia en litigios vinculados al mundo cripto. La iniciativa surge luego de que varias figuras prominentes del sector financiero digital denunciaran públicamente a Milei, alegando que su respaldo a la criptomoneda fue una estrategia engañosa.
Entre los más críticos se encuentra Thread Guy, un reconocido inversor estadounidense, quien aseguró haber perdido 250.000 dólares en la operación. Nick O’Neill, CEO de BoDoggos Ent, un conglomerado mediático de referencia en el ecosistema cripto, también se sumó a las acusaciones, afirmando que el equipo de Milei habría recibido pagos para promover $LIBRA. O’Neill prometió revelar más detalles en los próximos días, lo que podría aumentar la presión sobre el gobierno argentino.
La controversia ha escalado hasta llegar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una entidad del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encargada de sancionar fraudes financieros internacionales. Fuentes cercanas al sector legal indican que se evalúa una posible denuncia ante esta agencia, lo que podría derivar en sanciones económicas contra Argentina.
El impacto de la crisis no solo sacudió a inversores individuales, sino que también generó tensión dentro de los círculos libertarios que tradicionalmente respaldan a Milei. En foros y debates en línea, seguidores del presidente expresaron su frustración, cuestionando la legalidad de la promoción de $LIBRA y las posibles consecuencias políticas del escándalo. “Si el presidente recomendó esta inversión desde una cuenta oficial o en un espacio financiado por el Estado, la situación se complica aún más”, comentó un abogado especializado en derecho administrativo.
Analistas advierten que, si la denuncia prospera en instancias internacionales, Argentina podría enfrentar embargos sobre activos estatales, bajo el argumento de que el fraude fue impulsado por la máxima autoridad del país. Mientras tanto, el gobierno no ha emitido declaraciones oficiales sobre el caso, pero la presión sigue en aumento a medida que más inversores buscan justicia por las pérdidas sufridas.
Con información de LPO