Sociedad

Buenos Aires rechaza la reforma de la Ley de Glaciares por considerarla una amenaza al suministro de agua y la producción

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires manifestó su firme oposición al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares impulsado por la administración nacional. En una conferencia de prensa realizada en la sede de la Gobernación, las autoridades provinciales advirtieron que la iniciativa representa un grave retroceso en materia ambiental y pone en riesgo el desarrollo productivo bonaerense al flexibilizar la protección sobre reservas hídricas estratégicas.

La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, denunció que la reforma busca habilitar actividades extractivas en zonas de glaciares y ambientes periglaciares, áreas que actualmente gozan de un marco normativo estricto que garantiza el abastecimiento de agua. Según la funcionaria, la propuesta del Ejecutivo nacional debilita una herramienta legal clave para la preservación de ecosistemas que son fundamentales no solo para el equilibrio ecológico, sino para el sostenimiento de la vida humana y económica en diversas regiones del país.

Uno de los puntos de mayor preocupación para la gestión provincial es el impacto directo que esta medida tendría sobre el sur del territorio bonaerense. Las autoridades recordaron que la cuenca del río Colorado, cuya naciente depende directamente del deshielo de glaciares andinos, es el motor que permite la irrigación de aproximadamente 80.000 hectáreas productivas. Cualquier alteración o contaminación en el origen de este sistema hídrico afectaría de forma inmediata la capacidad de riego y, por consiguiente, el desarrollo regional y la economía agropecuaria de la zona.

Desde la cartera ambiental subrayaron que la defensa de la actual Ley de Glaciares trasciende la agenda conservacionista, ya que la disponibilidad de agua dulce constituye una condición indispensable para un modelo de producción sostenible. Al considerar que la reforma es incompatible con los principios de protección establecidos en la legislación vigente, la Provincia ratificó su postura en defensa del patrimonio natural como un recurso esencial para el futuro de la producción nacional.

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