El gobierno autoriza a las Fuerzas Armadas a que trabajen de repartidores o vigiladores privados
La reciente resolución del Ministerio de Defensa que habilita formalmente a soldados, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas a desempeñar actividades laborales complementarias en el sector privado marca un hito sin precedentes en la historia institucional argentina. Bajo una retórica que pretende disfrazar la urgencia económica con los ropajes de la libertad de elección, el Estado ha terminado por oficializar lo que hasta ayer era un secreto a voces y una profunda herida a la dignidad castrense: los hombres y mujeres encargados de custodiar la soberanía nacional no logran cubrir la canasta básica con sus haberes ordinarios.
La medida autoriza explícitamente la inserción de los uniformados en plataformas de transporte y reparto, así como en servicios de seguridad privada. De este modo, la dedicación exclusiva —columna vertebral de la formación militar y garantía de su disponibilidad absoluta ante emergencias de seguridad estratégica— queda sepultada por la cruda necesidad de subsistencia. No estamos ante una modernización administrativa, sino ante el blanqueo oficial de un colapso salarial.
El costo invisible del ajuste
Los datos que enmarcan esta decisión son elocuentes. Desde el inicio de la actual gestión gubernamental, el salario castrense ha experimentado un retroceso devastador frente a la inflación acumulada, consolidando una pérdida del salario real que sitúa los ingresos de las fuerzas en niveles críticos. Este deterioro se vio drásticamente profundizado tras el freno impuesto a las partidas de jerarquización salarial, un plan que originalmente buscaba equiparar de forma paulatina los ingresos de las Fuerzas Armadas con los de las fuerzas de seguridad federales, tales como la Gendarmería o la Policía Federal.
El impacto de esta brecha no se agota en las estadísticas de la pobreza, sino que corroe la estructura misma del Estado. La opinión pública ha reaccionado con una mezcla de indignación y descarnada ironía ante esta realidad. El reciente e irónico mensaje del exministro Sergio Berni en las redes sociales —retratando de manera hiperbólica al Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el General de Brigada Carlos Alberto Presti, alistándose para un conflicto internacional equipado con la vestimenta reglamentaria y una mochila de una empresa de delivery— resume con crudeza el absurdo institucional. Detrás de la acidez del planteo se esconde una tragedia real: el desgaste físico y mental de un efectivo que, tras cumplir rigurosas guardias o jornadas de adiestramiento táctico, debe pasar sus horas de descanso manejando un vehículo de alquiler o vigilando un predio privado para complementar sus ingresos.
“Forzar a quienes están formados en logística, táctica y defensa nacional a buscar el sustento en el subempleo no solo afecta su dignidad personal, sino que debilita directamente la capacidad de respuesta y operatividad estratégica del país.”
La fuga de capital estratégico
El problema más grave que asoma detrás de esta resolución ministerial es la preocupante incapacidad del Estado para retener a su personal calificado. Las Fuerzas Armadas no se componen únicamente de voluntad y disciplina; demandan profesionales con un altísimo nivel de especialización técnica cuya formación le cuesta al erario público millones de pesos y años de inversión educativa. Pilotos de caza, ingenieros aeronáuticos, médicos militares, especialistas en ciberdefensa y técnicos en comunicaciones tácticas son hoy los perfiles más propensos a abandonar la fuerza.
Cuando la brecha salarial con el sector privado se vuelve abismal, la vocación choca de frente con la responsabilidad familiar. El éxodo de profesionales hacia corporaciones privadas o, peor aún, el desvío de sus capacidades hacia tareas informales de mera subsistencia, descapitaliza al país de un conocimiento estratégico irrecuperable en el corto plazo.
Una soberanía en penumbras
La defensa de una nación no se mide exclusivamente en la adquisición de equipamiento o en discursos de fuerte corte nacionalista; se sostiene fundamentalmente en la moral, el bienestar y la profesionalización de su factor humano. El actual escenario de desinversión, que afecta tanto a la cobertura médica del personal como a los recursos destinados al mantenimiento operativo, encuentra en esta resolución su expresión más claudicante.
Habilitar el pluriempleo en tareas de baja calificación para los miembros de las Fuerzas Armadas es una claudicación estatal. El Estado argentino no puede delegar la manutención de sus soldados en la economía de plataformas ni pretender que la defensa nacional sea una actividad de tiempo parcial. Desgastar el prestigio de las instituciones castrenses y someter a quienes portan las armas de la Patria a la precarización laboral es un camino peligroso que compromete de manera directa el futuro, la seguridad y la soberanía de la República.