Propato, Todero y Serquis presentan proyecto para suspender la privatización nuclear tras graves denuncias
Los diputados nacionales Agustina Propato, Pablo Todero, y Adriana Serquis presentaron un proyecto de ley para suspender por dos años el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
La iniciativa surge en el marco de las múltiples denuncias por irregularidades, sobreprecios, direccionamiento de licitaciones y conflictos internos que salieron a la luz en las últimas semanas, y que derivaron en la remoción casi total del directorio de la compañía.
El proyecto advierte que avanzar con la privatización en este contexto pone en serio riesgo la soberanía energética, la seguridad nuclear y la transparencia en la administración de activos estratégicos del Estado. En particular, se señala la gravedad de las denuncias vinculadas a contratos con presuntos sobreprecios de hasta el 140%, la compra de software por siete millones de dólares, licitaciones cuestionadas en áreas de riesgo radiológico y sospechas de irregularidades financieras.
La propuesta legislativa establece la suspensión inmediata de todo acto administrativo, licitación, valuación, colocación de acciones o cualquier mecanismo orientado a la venta total o parcial del paquete accionario de NASA, y exige que el Poder Ejecutivo remita al Congreso, en un plazo máximo de 15 días hábiles, toda la documentación vinculada a contrataciones, denuncias, investigaciones en curso y estado actual del proceso privatizador.
Asimismo, se advierte que cualquier acto realizado en violación a la suspensión dispuesta será considerado nulo, estableciendo responsabilidades funcionales y administrativas para los funcionarios intervinientes.
Desde el Congreso, Propato, Todero y Serquis subrayaron que la energía nuclear constituye un sector estratégico para el desarrollo nacional, la soberanía tecnológica y la seguridad energética, por lo que remarcaron la necesidad de garantizar transparencia, control parlamentario y responsabilidad institucional antes de avanzar en cualquier decisión irreversible.
“El objetivo es proteger el patrimonio nacional, resguardar la seguridad nuclear y asegurar que ningún proceso de privatización se lleve adelante bajo sospechas de corrupción, opacidad o conflicto de intereses”, expresaron los autores del proyecto.