Georgieva confesó lo que ya sabíamos: el FMI hace política. Máximo Kirchner presentó un proyecto para que la deuda no la paguen los de siempre
Por Nahuel Hidalgo
La titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, pasó por Argentina y dejó una confesión que vale oro. Sin proponérselo, admitió lo que el sur global viene denunciando hace décadas: el préstamo que el organismo le otorgó al gobierno de Javier Milei fue una decisión política, no técnica. Lo dijo mientras recorría despachos oficiales y se reunía con un gabinete que la recibió como a una auditora imperial. La respuesta, sin embargo, no tardó en llegar: el diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para cambiar de raíz la relación de la Argentina con el Fondo.
La iniciativa se llama Ley Marco de Defensa de la Posición Argentina frente a los organismos financieros internacionales y reforma del convenio constitutivo del FMI, y lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Agustina Propato, Itai Hagman, Julia Strada, Sergio Palazzo, Agustín Rossi y una docena de legisladores más. No es un gesto testimonial para la tribuna: es un intento serio de blindar al país frente a lo que el propio comunicado del proyecto define como “el excedente político” del acuerdo de 2018.
Cuota versus excedente: la diferencia que vale miles de millones
El corazón de la ley es quirúrgico. Propone distinguir entre lo que la Argentina debe pagar siempre —la cuota que todo país miembro del FMI está obligado a abonar— y lo que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas: el crédito extraordinario que Mauricio Macri recibió en 2018 y que ahora, con los intereses acumulados, equivale a trece veces la cuota argentina. Ese excedente, estimado entre 30.000 y 37.800 millones de dólares, es el núcleo de la discusión.
“El Fondo no aplicó las herramientas previstas para controlar la fuga de capitales a la vez que el crédito fue aprobado por el macrismo incumpliendo los procedimientos institucionales esenciales”, advirtieron desde el entorno de Kirchner. Y no es una acusación infundada: lo confirman los informes de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI y de la Auditoría General de la Nación. El propio organismo reconoció, años después, que el préstamo no cumplía con sus propios estándares. Ahora Georgieva suma una nueva confesión: también fue político.
Devolverle al Congreso lo que Milei le quitó
El proyecto de Kirchner no solo discute montos. Le devuelve al Congreso de la Nación la facultad de aprobar cualquier operación de crédito con organismos internacionales. Es la respuesta directa a la doctrina Milei de gobernar por decreto: si el Ejecutivo quiere endeudar al país, deberá pasar por el Parlamento. Se fija además un techo legal a la deuda externa y se instruye al Poder Ejecutivo a exigirle al FMI la revisión del excedente.
La lógica es inobjetable: si el acreedor violó sus propias normas para prestarle plata a un gobierno que la usó para financiar la fuga de capitales, las consecuencias no pueden recaer únicamente sobre el pueblo argentino. Es la doctrina de “corresponsabilidad acreedor-deudor”, que el proyecto incorpora como principio rector. El FMI fue parte del desastre, no una víctima inocente.
Romper el “deudódromo”
Lo que Kirchner pone sobre la mesa es la necesidad de romper con el “deudódromo”: ese circuito infernal donde el FMI presta plata que no se puede pagar, exige ajustes que destruyen el tejido social, y cuando el país estalla vuelve a prestar para que el próximo gobierno pague las cuotas atrasadas. La rueda no se detiene nunca, y los únicos que ganan son los acreedores.
La visita de Georgieva es la postal perfecta de ese mecanismo. Mientras el salario real se desploma, el consumo cae en picada y los hospitales públicos tercerizan sus áreas estratégicas, el gobierno destina recursos a pagar una deuda que fue contraída de manera irregular y que ahora se refinancia con más condicionamientos. El proyecto de Kirchner busca cortar ese nudo: establecer un plan de pagos sostenible, atado al crecimiento del país y sin descargar el ajuste sobre la distribución del ingreso.
Una salida soberana
“Se trata de ordenar la macroeconomía priorizando el equilibrio social en beneficio de los argentinos”, resume el comunicado. Y ahí está la clave: no es un proyecto para “negociar mejor” con el Fondo, es un proyecto para cambiar los términos de la relación. Para que la Argentina deje de ser un deudor perpetuo y se convierta en un país con capacidad de decidir su propio destino económico.
La derecha siempre acusa al peronismo de “aislar al país del mundo”. Pero lo que propone Kirchner es exactamente lo contrario: integrarse desde la soberanía, no desde la subordinación. Discutir la deuda no es un capricho ideológico: es una necesidad de supervivencia. Y hacerlo con el respaldo del Congreso, con transparencia y con corresponsabilidad, es la única manera de evitar que el próximo gobierno —sea del signo que sea— vuelva a hipotecar el futuro de los argentinos para pagar las cuentas de un organismo que ya demostró no ser técnico ni neutral.
La confesión de Georgieva desnudó al FMI. El proyecto de Kirchner le ofrece al país una salida. Ahora falta que el resto de la dirigencia entienda que la deuda no es un problema de números: es un problema de poder. Y el poder, cuando se ejerce desde la dignidad de un pueblo que no se arrodilla, también puede decir que no.