Tropas a Panamá sin aval del Congreso: Propato presentó dos proyectos para frenar la subordinación militar al Comando Sur
El presidente Javier Milei volvió a recurrir a un Decreto de Necesidad y Urgencia para enviar tropas al exterior sin pasar por el Congreso. Esta vez, mediante el DNU 650/2026, autorizó la salida de 56 efectivos militares hacia Panamá para participar del ejercicio “PANAMAX 2026”, bajo el mando operativo del Comando Sur de los Estados Unidos. La maniobra, idéntica a la utilizada en ejercicios anteriores como “DAGA ATLÁNTICA” y “PASSEX” —por los que ya pesa una denuncia penal por abuso de autoridad y presunta traición a la Patria—, motivó una respuesta inmediata de la diputada Agustina Propato, quien presentó dos proyectos para frenar lo que considera “una afrenta contra la Constitución y la división de poderes”.
El primer proyecto es una Resolución que rechaza de plano el DNU 650/2026 y reafirma que la autorización de salida de tropas nacionales es una facultad exclusiva del Congreso, según lo establecido en el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional y en la ley 25.880. El segundo, de mayor alcance, es un Proyecto de Ley que propone derogar no solo este decreto sino también el DNU 490/26 —que autorizó el ejercicio “SALITRE 2026″— y denuncia un patrón sistemático de violación constitucional.
En los fundamentos de ambas iniciativas, Propato detalla una secuencia que desnuda la estrategia del Ejecutivo. El 25 de agosto de 2025, el Gobierno envió al Congreso el Proyecto 08-PE-2025 para autorizar la salida de tropas durante 2026. Ese proyecto fue tratado y aprobado por la Comisión de Defensa Nacional el 30 de septiembre de 2025, donde la diputada ya advirtió —junto al bloque Unión por la Patria— la intención del oficialismo de avanzar por decreto. Sin embargo, desde entonces la Casa Rosada nunca impulsó su tratamiento en el recinto. Pudo haberlo hecho durante el período ordinario o en las tres sesiones extraordinarias de diciembre y febrero. No hubo interés. El objetivo, denuncia la legisladora, fue siempre generar las condiciones para justificar los DNU.
La lista de decretos acumulados es extensa: 697/25, 149/26, 203/26, 264/26, 490/26 y ahora 650/26. Todos con el mismo mecanismo: el Ejecutivo alega urgencia, pero la documentación oficial lo desmiente. En el caso del PANAMAX, la invitación de la Embajada de Estados Unidos ingresó el 15 de agosto de 2025, casi un año antes del despliegue. Hubo tiempo de sobra para cumplir con la Constitución. No hacerlo fue una decisión política.
Mientras se destinan 51 millones de pesos a este ejercicio en Panamá, las Fuerzas Armadas argentinas atraviesan una crisis presupuestaria sin precedentes. El recorte supera los 59 mil millones de pesos y el salario real de los efectivos se licuó un 80 por ciento frente a la inflación. El propio ministro Carlos Presti autorizó a soldados y oficiales a trabajar como choferes de Uber o en seguridad privada para completar la canasta básica. La paradoja es tan cruel como reveladora: el Gobierno flexibiliza la Constitución para enviar tropas a entrenarse bajo doctrina extranjera, pero no garantiza condiciones de vida dignas para quienes visten el uniforme argentino.
“Denunciamos una maniobra del Poder Ejecutivo Nacional para flexibilizar los mecanismos de entrada de tropa extranjera y salida de tropas nacionales al exterior”, sostuvo Propato en los fundamentos de ambos proyectos. La diputada recordó además que el Ejecutivo ni siquiera ha presentado aún el proyecto de ley correspondiente al período 2026-2027, incumpliendo nuevamente la ley 25.880.
Los proyectos presentados por Propato persiguen un doble objetivo. Por un lado, tumbar los DNU ilegales y reafirmar las facultades del Congreso. Por otro, exponer una doctrina de hecho que ya no se limita a un ejercicio puntual: se trata de una política deliberada de subordinación de las Fuerzas Armadas argentinas a la estrategia militar de Washington. Los efectivos del Comando Conjunto de Operaciones Especiales que viajarán a Panamá operarán bajo cadena de mando estadounidense, adoptando sus doctrinas, tácticas y sistemas de comunicación. La integración no es técnica: es doctrinaria.
El debate de fondo, plantea la diputada, es si las Fuerzas Armadas argentinas responden a la Constitución Nacional o al Comando Sur. La respuesta del Congreso, con estos dos proyectos, empieza a tomar forma.
